Francia y la expulsión colectiva de romaníes o gitanos

Como en anteriores ocasiones, el BLOG DE EXTRANJERÍA se ve en la obligación ética y jurídica de pronunciarse sobre la expulsión colectiva de romaníes o gitanos, que está realizando Francia en estos momentos.

Este pronunciamiento no abordará los aspectos políticos del caso, que sin duda los tiene y merecen un sereno análisis, sino los jurídicos que aparecen desde la perspectiva de la legalidad europea e internacional y la protección de los Derechos Humanos.
El respeto del Derecho es una premisa básica del Estado de Derecho. Su transgresión por los poderes públicos, unida al desconocimiento de los Derechos Humanos, los convierte en un despreciable Estado de excepción, muy alejado del paradigma del Estado Democrático de Derecho.

Síntesis de los hechos
Desde el 19 de Agosto el Gobierno francés está realizando expulsiones colectivas de personas de etnia romaní o gitana, procedentes sobre todo de Bulgaria y Rumania, con el objetivo declarado de alcanzar la cifra de 700 personas. Parece que los expulsados reciben una cantidad económica (300€); como contrapartida firmarían algún documento en el que se asegure que su salida de territorio francés es voluntaria y que renuncian a retornar a él durante algún tiempo. Se trataría de aplicar de esta forma el llamado "procedimiento de retorno voluntario de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea"; hasta dónde alcance la voluntariedad y hasta dónde sea un retorno forzado resulta difícil de discernir en este caso, habida cuenta la escasa publicidad acerca de los datos ofrecida por el Gobierno francés.

Las protestas de diversas instituciones francesas (partidos políticos, sindicatos, ONG´s, medios de comunicación, Iglesia Católica) no han surtido ningún efecto; las críticas de los gobiernos rumano y búlgaro tampoco han sido tenidas en cuenta; la advertencia de la Comisión Europea de que sigue "muy atentamente" la situación tampoco empuja al gobierno galo a una suspensión primero y terminación después de tan inadmisible actuación; las condenas de una Organización Internacional tan emblemática en la defensa de los Derechos Humanos como es el Consejo de Europa (con su sede en Estrasburgo) carecen de incidencia alguna sobre el caso, al menos hasta el momento.

El 27 de Agosto de 2010 se pronunciaba sobre esta materia el Comité para la Eliminación de la discriminación racial, de la ONU, solicitando que Francia garantizase a los romaníes el acceso a la educación, los cuidados sanitarios y el alojamiento; el Comité se mostraba preocupado por las dificultades que sufren los romaníes y otros grupos nómadas respecto a su libertad de circulación. El Comité señalaba que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, Francia "no ha puesto a disposición de las personas nómadas el número necesario de lugares de acogida exigido por la Ley de 5 de Julio de 2000, denominada "Ley Besson".

La expulsión colectiva viola el Derecho de la Unión Europea
Francia, miembro de la Unión Europea, está obligada a respetar la libre circulación de ciudadanos de la Unión y la libertad de establecimiento de los mismos, así como de sus familiares en virtud de los Tratados de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Lógicamente, al establecerse, estas personas han de cumplirse las normas del Estado territorial; la violación de tales normas permite sin duda adoptar sanciones proporcionadas, pero no es una causa de expulsión, reservada para actuaciones que contraríen gravemente el orden público y la seguridad ciudadana y que en ningún caso justifica la expulsión colectiva, siempre prohibida por el Derecho Europeo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La actuación del Gobierno francés ya cuenta con algunos precedente próximos, precisamente el 31 de Julio de 2008, 8 ONG´s francesas presentaban a la Comisión Europea una queja contra Francia por violación del Derecho de la Unión Europea en materia de libre circulación de personas. En la queja ponían de relieve un buen número de prácticas administrativas francesas que violaban la libre circulación de las personas. Algunas de estas prácticas llegaban hasta obligar al ciudadano de la Unión Europea o miembro de la familia de un ciudadano a abandonar territorio francés; se trataba además decisiones motivadas de la misma manera, sin examinar individualmente cada caso. La queja todavía no resuelta era reiterada a la Comisión Europea el 20 de Agosto de 2010 en relación con los actuales sucesos.

Lo más curioso del caso es que ni siquiera sirve la posible ineficacia de la medida; expulsados hoy, quienes tengan la nacionalidad rumana o búlgara (no los que carecen de nacionalidad, caso frecuente en este pueblo) pueden ejercer mañana su derecho al a libre circulación de personas y a la libertad de establecimiento que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye a todos los ciudadanos de la Unión. Y si lo ejercen, no parece que pueda detenerlos un documento de renuncia a este derecho, como demuestra la práctica anterior.

¿Respetan estas expulsiones los Derechos Humanos de esas personas?
Si nos situamos ahora en el terreno concreto de los Derechos Humanos, podremos comprobar en primer término que Francia ha ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos; el art. 14 de este Tratado internacional prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, etc. Francia es parte asimismo en el Protocolo adicional nº 4, que completa esta Convención Europea, y cuyo art. 4 dice: "Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros"; la misma prohibición contiene la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, antes citada, en su art. 19.1º.

De un modo inequívoco se han pronunciado la Presidenta del Comité de Ministros y el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; se trata de los dos órganos más importantes de esta Organización Internacional. En la Declaración común de 7 de Abril de 2010 (cuando la problemática se veía ya en el horizonte) señalaban que los gitanos o romaníes son ciudadanos europeos con todos los derechos, pero en numerosos casos sufren discriminación, pobreza y exclusión.

El 24 de Agosto de 2010 -cuando las expulsiones colectivas ya se ejecutaban- se pronunciaba todavía con mayor rotundidad otro órgano del Consejo de Europa: La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés). La ECRI -decía- "está profundamente preocupada por el trato del que son objeto actualmente los romaníes emigrados en Francia". También recordaba que en varias ocasiones (la última de ellas en Junio de 2010) la ECRI ha recomendado a las autoridades francesas "combatir las actitudes racistas y de hostilidad de la población mayoritaria contra esta comunidad". Se les presenta colectivamente -proseguía la Declaración de la ECRI- "como autores de infracciones penales y se les caracteriza sobre todo como los únicos responsables del abuso de la normativa europea en materia de libre circulación de personas". De manera general, "la ECRI considera que las posiciones contra los gitanos, que constituyen una forma particular de racismo, deben ser combatidas de manera eficaz en todos los países europeos".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía en 2002, en el caso CONKA/BÉLGICA, que "es necesario entender por expulsión colectiva... toda medida que obligue a los extranjeros, en cuanto grupo, a abandonar un país, salvo en el caso de que tal medida haya sido adoptada al final de y sobre la base de un examen razonable y objetivo de la situación particular de cada uno de los extranjeros que forman el grupo". Dado que es difícil de probar la voluntariedad de la salida de territorio francés, en el presente caso parece claro que estamos ante una expulsión colectiva.

Pero, ¿qué Europa de los Derechos Humanos deseamos construir?
Sorprende muy desfavorablemente que Francia, durante siglos considerada tierra de asilo, actúe con tan elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia. Paradójicamente, llama a su vez la atención que sea un gobierno presidido por "un inmigrante de segunda generación" (si utilizamos el mito según el cual la inmigración imprime un carácter casi indeleble) como el presidente Sarkozy, el que adopte esta medida que desconoce el Derecho Europeo a la libre circulación y establecimiento. Además, ha de tenerse presente que, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, se está incumpliendo la misma normativa interna francesa, la Ley Besson.

Es evidente que el problema tiene una dimensión europea y debe ser abordado desde ese enfoque global coordinado; pero ello no puede servir de excusa para el ilegal comportamiento del Estado francés. La Unión Europea dispone de un sólido marco legal para combatir la discriminación de los gitanos basado, entre otras disposiciones legales, en el artículo art. 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa, la Directiva 2000/43/CE, del Consejo, de 29 de Junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de Noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la educación. Desde luego los Estados miembros de la Unión tienen la obligación de incorporar el contenido de estas Directivas a sus propias legislaciones nacionales.
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos Francia está violando gravemente las normas de la Unión Europea y las del Consejo de Europa. Disfrazar las salidas como voluntarias apenas si disimula un poco el carácter racista y xenófobo de esta medida; por otro lado, con toda seguridad esta renuncia resulta ilegal.

La violación de los Derechos Humanos se produce sea cual fuere la situación migratoria regular o irregular de los afectados. Porque tampoco debemos olvidar que contra la inmigración irregular (o sea, contra los ilegalmente llamados "ilegales") no vale cualquier medida.

Finalmente nuestro análisis no puede obviar una cuestión: ¿Qué está sucediendo en esta Europa que justifica lo injustificable en materia migratoria, como estas medidas o ciertas normas indudablemente xenófobas adoptadas por Italia? En otras palabras, pero ¿qué Europa de los Derechos Humanos queremos construir con actitudes y conductas semejantes?

Angel G. Chueca Sancho
Catedrático de Derecho Internacional Público

Pascual Aguelo Navarro
Abogado
Presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE

Septiembre, 2010