Ley de extranjería: una reforma de corto recorrido

Nada más conocer el contenido de la reforma de la Ley de Extranjería, le vaticinamos un "corto recorrido". Un texto centrado en las viejas medidas de control frente a las medidas integradoras, en unos tiempos marcados por una profunda crisis estructural, no podía hacer presagiar otra cosa.

"por ello mucho nos tememos que pueda augurarse un «corto recorrido» al texto aprobado ya que, en nuestra opinión, el reto actualmente de las políticas migratorias no es precisamente el control de las entradas o control de fronteras, pues de ello ya se está encargando la coyuntura socioeconómica; el verdadero desafío presente de las políticas migratorias está en en la capacidad de las sociedades europeas para regular adecuadamente la llegada de personas y principalmente la convivencia entre personas de muy diferentes orígenes y procedencias geográficas y culturales, que se encuentran ya presentes en el territorio español y europeo, que en muchos casos permanecen desde años y han venido para quedarse"(Editorial REDMEX nº 22).

Sin embargo, debo confesar que nunca pensé que el recorrido pudiera ser tan corto. Un incidente, que en otro momento hubiera sido considerado de escasa trascendencia, como el acaecido en el Ayuntamiento de Vic, ha sido capaz de cuestionar la reforma recién operada y ha hecho escuchar las voces de quiénes, desde distintos sectores, reclaman una nueva Ley de Extranjería.

Venimos insistiendo en señalar que el proceso de reforma de la LOEX debiera haber servido de foro o escenario de reflexión a todos los estamentos (órganos del Estado, partidos políticos, sindicatos, sociedad civil, etc.)  implicados en la regulación de la situación jurídica de los extranjeros en España para desarrollar un Derecho de Extranjería, con vocación de permanencia y estabilidad.

La adecuación de la normativa a la nueva realidad migratoria que, en mi criterio, debiera haberse erigido, en el principal motor de la reforma ha sido relegada a un plano secundario, dedicando la parte más importante de la misma a la regulación de los viejos temas conectados con el control de las entradas de inmigrantes.

Como ha evidenciado la polémica actuación del Ayuntamiento de Vic, el problema real, en la presente coyuntura socio económica, es más bien el de acometer con realismo el reto de la integración. Es decir, el grueso de la reforma debiera haber estado orientado a regular la convivencia entre personas de muy diferentes orígenes y procedencias geográficas y culturales,  que se encuentran ya presentes en el territorio español y europeo, que en muchos casos permanecen desde años y han venido para quedarse. En este sentido la reflexión sobre las situaciones de irregularidad debiera haber sido un punto esencial de la reforma.

Evidentemente se optó por una modificación que mucho me temo se trate de una nueva ocasión fallida que quizás hubiera podido servir de modelo ejemplar, dada la regresiva orientación de la materia a nivel europeo, en el camino de la construcción del incipiente Derecho Migratorio Europeo, con la persona humana como centro de su regulación y el reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos de todas las personas migrantes y autóctonos en una convivencia basada en los principios de igualdad y no discriminación, ciudadanía e interculturalidad que tan certeramente se señalaban en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. Pero ni la reforma ha servido para eso ni tampoco quizás pretendía semejante objetivo.