La enésima reforma de la Ley de Extranjería
No deja de sorprender que medios de comunicación, instituciones y partidos políticos se hayan lanzado a dar su opinión acerca de un texto cuyo contenido final se desconoce. El Proyecto de Ley de reforma de la Ley de extranjería, aprobado por el Consejo de Ministros el Viernes 26 de Junio de 2009, que se presentará a las Cortes, permanece todavía encerrado bajo llave en la mesa del citado Consejo.
Más aún, es perfectamente posible dudar que ese sea el texto definitivo, pues el último de los dictámenes preceptivos, el Dictamen del Consejo de Estado, se aprobaba el pasado jueves día 25, tan solo unas horas antes de que el Gobierno diera su conformidad al texto legal. Ante este hecho cabe pensar en una alternativa: O el Dictamen era muy parco en su contenido o en su fundamentación, cosa que dudamos conociendo la composición del órgano y la seriedad del trabajo desarrollado por el Consejo de Estado, o el Gobierno, de forma precipitada, ha considerado poco importante u oportuno tomar en consideración la opinión de su más Alto órgano consultivo, cosa que tampoco parece coherente teniendo en cuenta la trascendencia de este pronunciamiento consultivo.
En cualquier caso parece que, como casi siempre sucede, las prisas pudieron más que la prudencia exigible en un asunto de tanta repercusión jurídica y social como es este que inicia su andadura parlamentaria. No parece que una de las virtudes de este Gobierno sea la de escuchar, aun cuando presuma públicamente de ello.
Desde hace tiempo veníamos proponiendo que este proceso de reforma debería servir de escenario de reflexión a todos los estamentos implicados en la regulación de la situación jurídica de los extranjeros en España, para lograr el desarrollo de un Derecho de Extranjería, con vocación de permanencia y estabilidad, no sometido a los vaivenes políticos y electorales. Pero mal empezamos si ni siquiera el criterio del Dictamen del Consejo de Estado ha sido tenido en cuenta.
Como consecuencia de lo anterior, los comentarios que podamos hacer, en tanto no conozcamos el texto definitivo del Proyecto de Ley, deben remitirse a los ya realizados sobre la última versión del Anteproyecto conocida oficiosamente hace poco más de un mes, el día 19 de mayo.
Como ya señalábamos entonces a vuelapluma, la reforma contiene elementos de signo muy variado, que podríamos interpretar como una voluntad de dar "una de cal y otra de arena". Frente a aspectos que se pueden calificar como "saludables con reservas" (derechos fundamentales, ampliados obligatoriamente por el legislador, que debe cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia, o las mayores garantías a dar a las víctimas de la trata de personas, entre otros), encuentra un buen número de "aspectos francamente rechazables" (como la restricción de derechos sociales, la restricción del derecho a la educación o la reagrupación familiar de ascendientes menores de 65 años). Causan especial preocupación la restricción de la postulación procesal, el exceso sancionador y la ampliación del internamiento a 60 días.
En definitiva, la reforma pone el acento en demasiadas ocasiones en las viejas ideas represivas y de control, poco adecuadas para el nuevo escenario social que exige la elaboración de unas políticas de la Unión Europea que parecen orientadas a regular las relaciones entre las personas inmigradas y autóctonas, obligadas en definitiva a relacionarse y convivir en el territorio europeo. El verdadero reto al que se enfrenta la Unión Europea no es el de cerrar las fronteras, sino el de regular y gestionar eficazmente los flujos migratorios, la convivencia entre personas de distintos orígenes y culturas, respetando en todo caso el Sistema Universal y Regional de los Derechos Humanos. En la defensa de ese sistema estará activamente presente como siempre lo estuvo lo mejor de la abogacía española.
