Asistencia a las víctimas desde el primer momento

Como indicaba en mi anterior comunicación, entiendo que deberían someterse a revisión constante las medidas previstas en la Ley Integral de forma que, partiendo del análisis de la realidad de las víctimas y las carencias de protección detectadas, se pudieran mejorar y adecuar las mismas y, en su caso, introducirse otras nuevas, hasta conseguir la erradicación de la violencia contra las mujeres o, al menos, perfeccionar las garantías de protección.

Como indicaba en mi anterior comunicación, entiendo que deberían someterse a revisión constante las medidas previstas en la Ley Integral de forma que, partiendo del análisis de la realidad de las víctimas y las carencias de protección detectadas, se pudieran mejorar y adecuar las mismas y, en su caso, introducirse otras nuevas, hasta conseguir la erradicación de la violencia contra las mujeres o, al menos, perfeccionar las garantías de protección.
 
Desde esta perspectiva, considero conveniente la revisión del artículo 20 de la Ley de Protección Integral, pues sorprende que a la vez que plantea la asistencia jurídica como instrumento trascendente para que las mujeres que sufren violencia de género puedan activar los mecanismos de protección y sanción previstos legalmente, no se haya garantizado de forma preceptiva la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género en todos los procesos y procedimientos administrativos derivados de la violencia padecida, o al menos, regulado de forma obligatoria el asesoramiento jurídico previo a la denuncia y la asistencia letrada en la solicitud de la orden formulación y en la comparecencia prevista para su adopción.
 
La realidad es que la regulación actual la asistencia letrada se hace depender de la voluntad de la víctima, que será la que tenga que solicitarla si quiere contar con ella, en caso de no hacerlo no estará asistida de abogado ni antes ni durante la formulación de la denuncia, ni tampoco para solicitar las medidas previstas en la orden de protección ( lo que conlleva que en la mayoría de los casos solo se soliciten solo las de carácter penal) y tampoco en la comparecencia judicial. Así puede ocurrir, y viene ocurriendo, que la victima como consecuencia de no haber sido informada de la conveniencia y posibilidad de solicitar la presencia de abogado, o por su inclinación a no difundir su situación, debido a sus sentimientos contradictorios y a la ansiedad que suele acompañarles, opte por no solicitar asistencia letrada.

Debe destacarse en este punto que para el denunciado si es preceptiva la asistencia letrada en la toma de declaración y en la comparecencia de la orden de protección.

La configuración del derecho de defensa en nuestro ordenamiento jurídico, parte como principio general de la obligatoriedad de la intervención de abogado en todas las actuaciones que, por la entidad de los derechos que se pretende proteger, exigen asesoramiento previo y conocimientos jurídicos para ejercitarlos en la forma legalmente prevista y adecuada al caso concreto; así nuestro ordenamiento, solo de forma excepcional permite la ausencia de letrado, restringiendo dicha posibilidad a aquellos supuestos en los que la entidad de los derechos que se ejercitan y la sencillez del procedimiento, permiten que se considere garantizado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin necesidad de asistencia letrada.

Ninguno de estos presupuestos concurre en la situación de las víctimas de violencia de género que, desde una situación personal muy vulnerable, tanto física como anímicamente, deben enfrentarse a un entramado de actuaciones, ante organismos diversos, para poder obtener protección en aspectos relativos a su seguridad personal y  familiar, y a su situación económica, social,  laboral y de sanción del agresor.

Desde le CGAE se viene defendiendo por ello desde hace tiempo que debería ser preceptiva la asistencia letrada a las víctimas desde el primer momento para que, con carácter previo a la formulación de la denuncia, puedan recibir el asesoramiento jurídico que les permita tomar conciencia de las consecuencias del camino que van a emprender, pudiendo preparase para asumirlas y protegerse, conociendo que la solicitud de orden de protección es una denuncia y asegurando asimismo la constancia en la misma del relato pormenorizado de la violencia a que está sometida, a fin de que pueda valorarse adecuadamente la situación de riesgo en cada caso, evitando que dicho relato se limite al último episodio de violencia padecido que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones.

Además la victima va a sentirse más segura y firme en su decisión si tiene la tranquilidad de que el abogado que la está asesorando, además va a acompañarla y defenderla en todas las diligencias policiales y judiciales. Las deserciones que a veces se producen tras la denuncia, en ocasiones están motivadas por el vértigo a la comparecencia judicial, el miedo que produce que el agresor se encuentre también en el Juzgado y la incertidumbre sobre su futuro, y todas ellas pueden paliarse en alguna medida con la seguridad que da la información recibida, y la asistencia jurídica en todas diligencias. La situación en que se encuentran tras la denuncia suele ser de tal fragilidad que cualquier circunstancia puede motivar la ausencia de la victima en el Juzgado y, en definitiva, la vuelta a la convivencia con el agresor.