A vueltas con el acceso a la Justicia Ambiental
Hoy presta su firma a este blog ambiental Eduardo Salazar Ortuño, Abogado del Colegio de Murcia, perteneciente a la Asociación para la Justicia Ambiental (AJÁ). Coincide con las manifestaciones del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama en China, en las que ha realizado la defensa de los derechos fundamentales, y entre ellos el derecho a la información, que es uno de los objetivos que debe proteger la justicia ambiental.
A VUELTAS CON EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL
Dicen que ante la crisis hay que sacar pecho, poner de moda hábitos sostenibles ahora que nadie se atreve a criticar abiertamente la protección ambiental. Entre los informes del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y los pequeños gestos cotidianos existe un ánimo común que es el de alcanzar la sostenibilidad. Si a lo anterior añadimos la deseable “ecoinnovación” y la perentoria concienciación, fomentada desde las autoridades y el sector privado, podemos pensar que el camino está trazado y es fácil adentrarse en él.
Dichoso aquél que se conforme con el que los científicos, los mandatarios públicos, los empresarios y los ecologistas converjan en determinados asuntos como el cambio climático y sueñe con que este “New Green Deal” alcance niveles de planificación sectorial. Junto al reto de la sostenibilidad de las decisiones, está el de la salud de la democracia participativa. Incluso, como señalaba hace días en Murcia Domingo Jiménez Beltrán – ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente y asesor del OSE -, de la democracia “prospectiva”, que aquilata los compromisos reales insertos en grandes discursos.
La perspectiva del jurista nos lleva a mirar socarronamente las declaraciones internacionales, comunitarias y estatales que no vienen acompañadas de mecanismos de cumplimiento (sensu contrario el Convenio de Aarhus y su Comité de Cumplimiento). De nada sirve, por ejemplo, llenarnos la boca con los derechos humanos si no hubiera tribunales específicos y procedimientos sumarios para restablecer la lesión a los mismos.
La pregunta ante “lo ambiental” sigue siendo la misma que iniciaba este blog: “¿Está la Administración española preparada para el reto del acceso a la información ambiental, la participación efectiva y el acceso a la justicia que plantea el “bloque normativo” derivado del acuerdo de Aarhus de junio de 1998?”
Desde AJÁ, la Asociación para la Justicia Ambiental, para salir del bienintencionado chascarrillo en el café ex post y dar argumentos estadísticos a los cuerdos e inquietos - a la manera que el CGAE ha salido a la calle a exponer la opinión de los operadores jurídicos - hemos presentado un estudio sociológico para servir en el banquete de la sostenibilidad.
Después de hacer introspección en el escueto gremio de abogados por la defensa del ambiente y acercarnos a los adalides de la protección en el seno del Ministerio Fiscal especializado, el resultado del estudio ha sido, cuando menos, preocupante. ¿Cuánta Justicia Ambiental estamos dispuestos a sufragar los justiciables españoles? ¿Cuándo va poder una persona defender su derecho al ambiente sin que la burocracia judicial empeore el infierno de su entorno? ¿Para cuando una actualización de los jueces de las Salas superiores en temas ambientales de forma que no confundan un río con un vertedero o el ecosistema de La Manga del Mar Menor con un polígono industrial? ¿Cuándo aplicar la norma ambiental no va a suponer un sobreesfuerzo de la Administración de Justicia?
Mientras desde el lado doctrinal, plumas académicas revisan el modelo judicial con una perspectiva estadounidense en torno a las class actions, mientras se avanza en la solución alternativa de conflictos, en la brega diaria con urbanistas, ante asociaciones vecinales o ecologistas la abogacía se estrella con un muro de metacrilato que sus clientes no ven. Una muralla que tiene que ver con la desigualdad de partes en el proceso, la lentitud contenciosa, la independencia de los peritos, la dificultad en la adopción de medidas cautelares, la desobediencia a resoluciones firmes, la ausencia de acceso a los tribunales frente a actos legislativos que desdibujan espacios naturales en Aragón o en Canarias, etc. Y así, los que más sufren el deterioro buscan quijotescas fórmulas creativas como el acceso a la Justicia gratuita, acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión Europea, al Comité de Cumplimiento de Aarhus, etc. Siempre quedan las pataletas antes los Defensores de un pueblo que, concienciado para cuidar al medio ambiente, sigue frustrado en su deseo de deslegitimar la visión cortoplacista de los enemigos de la sostenibilidad de un barrio, un valle, del planeta y de la propia democracia.
Así pues, en la trinidad instrumental y democrática de Aarhus – participación para la transparencia – el acceso a la Justicia sigue siendo limitado, pero no por ello su pierde virtualidad transformadora. Tarea de los abogados – como será en las próximas jornadas del Ilustre Colegio de Murcia (20,21 y 22 de abril de 2010) - y de otros profesionales libres es efectivamente sacar pecho y coadyuvar para una democracia efectiva: la única forma de protección ambiental eficiente y de una sostenibilidad cotidiana y real.
Eduardo Salazar Ortuño
Abogado del Ilustre Colegio de Murcia.
LLM Dresden
Asociación para la Justicia Ambiental
