"Las Vegas de los Monegros"

            Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado 25 de junio la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad.  Con esta Ley se pretende dar luz verde a la instalación de un macroproyecto de ocio y juego (el "Las Vegas de los Monegros"), en el que se hablaba de la instalación de 32 casinos, más de 8.000 plazas hoteleras, etc..

            Los Letrados de Las Cortes han planteado dudas sobre la constitucionalidad de la misma.

            Hoy publicamos en este blog dos artículos del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, firmados en su condición de Presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo y redactados con anterioridad a la aprobación de dicha Ley, en los que plantea diversas cuestiones en torno a esa controvertida Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad.

- I -

GRAN SCALA: ESPECULACIÓN Y PRIVILEGIOS

Por Fernando López Ramón (*)

Para favorecer la implantación de Gran Scala sin que se le acuse de atribuir un monopolio territorial, el ejecutivo autonómico pretende aprobar una ley que regule los "centros de ocio de alta capacidad". La denominación está bien pensada, aunque no logra desvanecer el aspecto característico de un negocio fundado en la especulación urbanística, que en este caso adquiere contornos especialmente sorprendentes al ir acompañado de privilegios normativos y traducirse nada menos que en una completa ciudad privada.

Detrás de Gran Scala no hay ninguna gran empresa que busque terrenos para desarrollar un proyecto comprometiendo unos capitales propios o procedentes del crédito. Lo que hay es un grupo de promotores y técnicos que fundamenta su actuación económica en la recalificación urbanística de los terrenos. De manera que, una vez aprobado el proyecto, el suelo rural afectado pasará a valorarse en el mercado inmobiliario en función de su aprovechamiento urbanístico y generará una importante plusvalía. Se trata, pues, de un típico negocio urbanístico, sólo que de grandes dimensiones.

Lo singular del caso es que a Gran Scala no le basta con la recalificación urbanística, precisa también de un régimen jurídico particular que le permita no tener que cumplir con la legislación vigente en el resto del territorio aragonés. Se pretende conformar un ámbito espacial dotado de reglas particulares, de manera que en Gran Scala: a) no actuarán las autoridades ordinarias (el Ayuntamiento, o las Comisiones Provinciales en materia de urbanismo o medio ambiente) sino un Consorcio integrado por el Gobierno de Aragón, la Comarca y el Municipio, que asumirá cuantas competencias de estas Administraciones se consideren precisas para desarrollar el proyecto, b) no se aplicará el Plan General de Ordenación Urbana sino un propio Proyecto de Ordenación que prevalecerá sobre los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico, y c) no se observará la normativa común en materia de juego sino un régimen jurídico singular que habrá de establecerse en reglamentos especiales conforme a unos principios y reglas que, supuestamente, existen en "ámbitos internacionales de configuración similar". Con todos estos elementos, los promotores consolidan y potencian las plusvalías urbanísticas.

En efecto, el resultado final que se ofrece a los inversores es una ciudad privada, amurallada y destinada a la diversión, en particular a través de los juegos de azar. El funcionalismo urbanístico, que propugna la especialización de las diferentes zonas urbanas, se ve así superado por la construcción de una ciudad enteramente dedicada al ocio. Quizá no va a ser tan grande como inicialmente se dijo, ya que las dos mil hectáreas anunciadas en el acto de presentación del negocio se han quedado en el mínimo legal de mil, pero, pese a ello, hablamos de una superficie superior al casco urbano de Ejea de los Caballeros, sólo que sin alcalde, ni concejales, ni guardias de la porra, ni asociaciones de vecinos, ni oposición, ni nada que no sea el Consorcio y la Sociedad Gestora (y propietaria).

- II -

GRAN SCALA: EL NEGOCIO DE LA CIUDAD PRIVADA

Por Fernando López Ramón (*)

Gran Scala se presenta como la primera de las ciudades privadas que, bajo la denominación oficial de "centros de ocios de alta capacidad", habría de construirse y explotarse en el territorio aragonés.  La ciudad privada, al fusionar poder público y propiedad privada, constituiría la sublimación de las aspiraciones del capitalismo monopolista (por completo opuesto al capitalismo competitivo que se promueve en la Unión Europea). Algo que creíamos que pertenecía al pasado colonial, a experiencias como la de la "Río Tinto Company" en la provincia de Huelva con su ciudad inglesa segregada, su línea férrea, su puerto, sus reglas y sus abusos. Sin embargo, tan negativos precedentes no llegan a corroer el atractivo que para algunos hombres de negocios encierra la idea de la ciudad privada. Y ello a pesar de que el éxito de la empresa parezca de muy dudosa materialización, como sucede en el caso de Gran Scala.

No es creíble el negocio final al que se dedicaría Gran Scala. Son sobradamente conocidas las dificultades de los parques temáticos en todo el mundo y particularmente en Europa. A la "Walt Disney Company", que contaba con amplia experiencia y fuertes recursos (humanos y financieros), le ha costado enormes esfuerzos en inversión, tecnología, diseño, imagen y publicidad rentabilizar el complejo de Eurodisney, para el que adquirieron cerca de dos mil hectáreas todavía no completamente utilizadas. Y es que los parques temáticos no son un destino permanente para las familias europeas. El negocio de Gran Scala pretende superar esos gravísimos problemas ofreciendo paquetes turísticos de azúcar y sal: tobogán con los niños por las mañanas y ruleta francesa para la pareja elegante por la noche. Pero nadie puede creer que millones de turistas vayan a sentirse irresistiblemente atraídos por el panorama de perder dinero en los casinos después de una agotadora jornada familiar. Los de aquí seguirán yendo a Benidorm y a Salou, y los americanos ya tienen Orlando y Las Vegas.

Gran Scala no tiene nada que ver con el futuro de esta tierra. No ofrece nada atractivo a los aragoneses: ni puestos de trabajo estables, ni ingresos tributarios no afectados materialmente a grandes obras de infraestructura, ni verdadero reequilibrio territorial. No es mas que una apuesta especulativa exactamente igual que las apuestas que pretende generar en sus casinos, donde, como ya sabemos, la casa siempre gana. Lo hemos visto cientos de veces, sólo que en un tamaño más reducido: llegan los promotores a la zona deprimida ofreciendo el paraíso terrenal, logran la recalificación de terrenos y comienzan a colocarlos en el mercado inmobiliario, mientras las obras van sufriendo retrasos y reducciones porque, claro, el panorama financiero ha cambiado, la recesión no invita al riesgo, el gasto de las familias ha decrecido... Al final, la única solución para mantener los precarios puestos de trabajo surgidos y no arruinar a las empresas que han invertido de verdad, es que la urbanización y sus déficit sean asumidos por el Gobierno, como siempre, sólo que, esta vez, a una escala más grande.

(*) El autor es presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo.

(*) El autor es presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo.