Malos tiempos para el Medio Ambiente
Se nos martillea con el desarrollo sostenible y la gran preocupación política por el cambio climático. Sería más fácil hablar de la perversión del lenguaje que de la aplicación efectiva de estos conceptos.
Con el recuerdo para Marina Silva y Cristina Narbona, ex ministras de Medio Ambiente de Brasil y de España, Premios al Desarrollo Sostenible de la Fundación Ecología y Desarrollo 2003 y 2005
Otro año más conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha en la que se recuerda la Cumbre de Estocolmo que se celebró en 1972, organizada por Naciones Unidas, y de la que partió el desarrollo del derecho ambiental hasta estos momentos.
Hubiera sido bueno que treinta y seis años después de esta fecha no tuviera sentido más que para los anales recordar la misma con la imagen del entonces ministro español Laureano López Rodó paseando en bicicleta por las calles de Estocolmo, pero lamentablemente los 26 principios de los que se compone dicha declaración siguen teniendo relevancia actualmente.
El principio uno señala: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras". De la simple observación de las noticias de la vida cotidiana no parece que se haya tenido muy en cuenta la protección y la mejora del medio ambiente en estos tiempos, sin olvidar esa vergüenza universal de violación de los derechos humanos llamada Guantánamo. Paradójicamente a todo ello vivimos en unos tiempos donde constantemente se nos martillea con el desarrollo sostenible y con la gran preocupación de nuestros políticos por el cambio climático. Creo que sería más fácil hablar de la "perversión del lenguaje" que de la aplicación efectiva de estos conceptos.
SI NOS ATENEMOS a los hechos, se han dado algunas circunstancias relevantes a mi juicio que determinan que son malos tiempos para lo ambiental. En la última remodelación ministerial de Rodríguez Zapatero desapareció el Ministerio de Medio Ambiente como tal y se creó un nuevo ministerio con un nombre larguísimo, en vez de esa pretendida vicepresidencia de la sostenibilidad que algunos pronosticaban iba a existir en el nuevo Gobierno. Es de justicia recordar algunas de las leyes aprobadas en la era de la ministra Narbona: La Ley de Responsabilidad Civil Ambiental de la que sus predecesores habían dado lugar a múltiples borradores sin haber llegado a publicarla hasta esta última legislatura de la ministra no renovada en su cargo. La Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, renovando la antigua Ley de 1.989. La Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que actualizaba una situación que se contenía en una Ley preconstitucional de 1972. La Ley 27/2006, de 18 de julio (pongo la referencia para que los lectores la recuerden), por la que se regulan los accesos de derecho a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que desarrolla el Convenio de Aarhus, auténtica esperanza del avance del derecho al medio ambiente.
Hay que señalar que este convenio todavía no es una realidad, a pesar de su fecha de firma en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998. Es de gran importancia para nuestro futuro, puesto que se basa en que para poder disfrutar del derecho al medio ambiente y cumplir con el deber de respetarlo y protegerlo (artículo 45 de nuestra Constitución), los ciudadanos debemos tener acceso a la información medioambiental y legitimación para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental, y por último debemos tener acceso a la justicia cuando tales derechos nos son negados.
ESTE CONVENIO, que entró en vigor en España en 2005 y que desarrolla la citada Ley 27/2006, no es efectivo y así fue reconocido por los anteriores responsables de Medio Ambiente, manifestando que su desarrollo se encontraba en estado latente. Por citar un ejemplo al uso, una actuación de gran repercusión ambiental, tipo la prevista en Aragón con el proyecto Gran Scala, debería someterse a esos trámites. Una información previa a los ciudadanos explicándonos todas las repercusiones ambientales que podría tener la misma, un período de alegaciones, la consideración y valoración de las mismas, y si nuestros derechos no se nos protegieran, allí estarían los tribunales de Justicia para ampararlos.
Lamentablemente, como vemos, los mecanismos legales existen, pero hoy día su aplicación se ha convertido casi en una excepción, y parece un propósito revolucionario pedir la aplicación de la legislación vigente. Seguiremos insistiendo.
